El bien común solo es viable si se inserta en una arquitectura de competencia, capacidad estatal, disciplina regulatoria e incentivos.
El paquete Ómnibus I funciona como prueba de realidad: incluso la UE ha tenido que corregir la sostenibilidad cuando genera cargas que dañan competitividad.
Sin arquitectura, el bien común es sacrificio unilateral
Tirole, Mazzucato y la prueba geoeconómica de Europa
El resurgimiento del discurso sobre una economía del bien común no ocurre en el vacío. Coincide con tres procesos simultáneos: el deterioro del orden liberal internacional, el ascenso de la competencia sistémica entre grandes bloques y la revisión europea de su propio marco regulatorio en sostenibilidad. La pregunta ya no es solo si la economía debe orientarse hacia la justicia, la igualdad, la sostenibilidad y la solidaridad global. La pregunta decisiva es otra: ¿puede una economía del bien común sobrevivir sin poder económico, sin capacidad institucional y sin incentivos bien diseñados?
Las propuestas normativas de John Rawls, Amartya Sen, Christian Felber y, parcialmente, Mariana Mazzucato son necesarias, pero insuficientes si no se integran en una arquitectura real de poder económico e institucional.
Rawls explica por qué una sociedad necesita legitimidad y justicia; Sen aclara qué significa realmente el bienestar humano; Felber ofrece una brújula moral útil; Mazzucato recuerda que sin capacidad pública no hay transformación estructural.
Pero Jean Tirole introduce la prueba de realidad: incentivos, competencia, información imperfecta, captura regulatoria, fallos del Estado y efectos no deseados.
La tesis central es esta:
El bien común no puede sustituir a la arquitectura de poder; solo puede humanizarla.
Dicho de forma más política: Europa no puede permitirse una economía del bien común sin poder económico. Si lo intenta, el coste de esa moralidad lo pagarán unilateralmente sus empresas, sus trabajadores y su base industrial.
1. El regreso del bien común en un mundo menos liberal
Durante décadas, buena parte del discurso económico dominante descansó sobre una premisa: los mercados, con suficiente apertura, competencia y estabilidad macroeconómica, tenderían a producir eficiencia, crecimiento y convergencia. El Estado debía corregir fallos puntuales, garantizar reglas básicas y evitar excesos fiscales. Esa visión ha sido erosionada por la crisis financiera, la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética, la rivalidad tecnológica y la creciente percepción de vulnerabilidad industrial.
En ese contexto aparece el nuevo Consejo Global para una Economía del Bien Común, impulsado por Mariana Mazzucato y Carlos Cuerpo. Según UCL, el Consejo fue lanzado en Barcelona el 18 de abril de 2026, con el objetivo de cuestionar supuestos económicos que han guiado presupuestos, instituciones y políticas públicas, y de formular principios con implicaciones prácticas para el diseño de políticas, la práctica institucional y la reforma multilateral. Su marco se organiza explícitamente alrededor de cuatro principios: justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global.
La ambición es relevante. Reabre una cuestión esencial: la economía no puede reducirse a eficiencia asignativa, disciplina presupuestaria o crecimiento agregado. Debe responder también a quién se beneficia, quién soporta los costes, qué capacidades humanas se desarrollan y qué bases ecológicas se preservan.
Pero ahí empieza el problema.
En un mundo sin nuevo Bretton Woods, sin autoridad supranacional capaz de imponer reglas vinculantes y con potencias que compiten mediante política industrial, tecnología, finanzas y control de cadenas críticas, el bien común no puede formularse como si existiera una comunidad política global con reciprocidad suficiente. No existe.
Hay interdependencia, pero no gobierno común; hay normas, pero no soberanía mundial; hay objetivos climáticos, pero no simetría estratégica.
Por eso la economía del bien común solo puede funcionar si se inserta en una fórmula más sólida:
mínimos globales comunes + adaptación nacional + gobernanza policéntrica + auditoría independiente + deliberación democrática + incentivos bien diseñados + conexión vinculante con presupuestos, finanzas, regulación y política industrial.
Sin esa arquitectura, el bien común queda reducido a lenguaje moral.
2. Rawls, Sen, Felber y Mazzucato: lo que aportan y lo que no resuelven
Rawls aporta el fundamento de legitimidad. Una sociedad justa no puede organizarse únicamente alrededor de la eficiencia, porque necesita reglas aceptables para quienes quedan peor situados. Su valor para el debate europeo es claro: sin justicia distributiva, sin percepción de equidad y sin protección de los perdedores de la globalización, el contrato social se deteriora.
Sen desplaza la atención desde la renta hacia las capacidades. El bienestar no consiste solo en consumir más, sino en poder vivir una vida valiosa: educarse, cuidar la salud, participar, trabajar con dignidad, tener seguridad material y desarrollar autonomía. Su enfoque es imprescindible para evitar que el PIB o la competitividad oculten sociedades internamente frágiles.
Felber, desde la Economía del Bien Común, ofrece una brújula moral para evaluar empresas e instituciones según dignidad humana, solidaridad, justicia social, sostenibilidad y democracia. Su utilidad está en recordar que los balances financieros no capturan todo el valor social.
Mazzucato introduce una dimensión más estructural: sin Estado capaz de invertir, coordinar y orientar mercados, las grandes transiciones no ocurren. Su economía de misiones es especialmente útil para pensar energía, salud, agua, vivienda, transición ecológica e innovación. La idea de que el Estado no solo corrige mercados, sino que también puede darles forma, está en el centro del nuevo Consejo Global.
Pero los cuatro enfoques tienen un límite común: funcionan mejor en entornos donde existe una base institucional compartida, cierta reciprocidad y un espacio político relativamente controlable.
El mundo actual se parece cada vez menos a eso.
China no compite como un mercado normal. Estados Unidos tampoco actúa ya solo como árbitro liberal. La empresa vuelve a ser instrumento de poder nacional. La política industrial y comercial ya no son excepciones: son la normalidad.
En ese contexto, Rawls corre el riesgo de quedarse en justicia sin poder; Sen, en capacidades sin base material suficiente; Mazzucato, en misión sin suficiente disciplina microeconómica; Felber, en ética sin arquitectura.
El bien común puede decirnos hacia dónde queremos ir, pero no garantiza que tengamos los medios, los incentivos ni la posición estratégica para llegar.
3. Tirole: el bien común como diseño institucional
Jean Tirole es más sólido para este debate no porque tenga una visión moral más elevada, sino porque entiende mejor el paso de los valores a la implementación. Su punto de partida es incómodo pero fundamental: no basta con tener fines nobles; hay que diseñar instituciones e incentivos que no produzcan efectos perversos.
Tirole recibió el Nobel de Economía en 2014 por su análisis del poder de mercado y la regulación, especialmente en industrias dominadas por pocas empresas poderosas. El Nobel subrayó que su contribución fue clarificar cómo entender y regular sectores con poder de mercado. Su libro Économie du bien commun fue publicado en francés en 2016 y apareció en inglés como Economics for the Common Good en 2017.
Su intuición central es superior para el mundo actual:
El problema no es mercado versus Estado. El problema es cómo diseñar reglas que alineen incentivos privados con fines colectivos.
Esto permite evitar dos ingenuidades simétricas.
La primera es creer que el mercado sin reglas producirá espontáneamente bien común.
La segunda es creer que el Estado, por declarar una misión noble, producirá buenos resultados. Tirole desconfía tanto del laissez-faire como del intervencionismo ingenuo.
Su fortaleza está en cuatro puntos.
Primero, no confunde intención con resultado. Una política puede perseguir justicia y acabar generando paro, rentas de situación, captura regulatoria, menor innovación o pérdida de competitividad.
Segundo, incorpora la asimetría de información. Los reguladores no siempre saben lo que saben las empresas; las empresas pueden ocultar costes, manipular métricas o capturar el diseño normativo.
Tercero, reconoce los fallos del Estado. Una política pública puede ser capturada por grupos de interés, burocratizarse, generar incentivos perversos o sobrevivir aunque ya no funcione.
Cuarto, obliga tanto a la derecha como a la izquierda a justificar empíricamente sus medidas. No basta con invocar “libertad de mercado” ni “bien común”. Hay que demostrar mecanismos, costes, incentivos, efectos de segundo orden y resultados verificables.
Por eso Tirole es más robusto cuando el debate pasa del plano moral al terreno de la política económica concreta.
4. La prueba europea: el paquete Ómnibus I
El paquete Ómnibus I de la Unión Europea es la prueba empírica más importante de esta tesis. Durante años, la UE construyó un marco ambicioso de sostenibilidad empresarial mediante la CSRD, la CSDDD y la Taxonomía. El objetivo era legítimo: hacer visible el impacto ambiental y social de las empresas, mejorar la diligencia debida y orientar capital hacia actividades sostenibles.
Pero la propia Comisión Europea terminó reconociendo que el diseño podía generar cargas excesivas. En febrero de 2025, la Comisión adoptó un paquete de simplificación que cubría finanzas sostenibles, CBAM e inversión, dentro de un compromiso general de reducir cargas administrativas un 25% para todas las empresas y un 35% para las pymes.
En sostenibilidad, el cambio fue sustancial. El paquete Ómnibus propuso retirar alrededor del 80% de las empresas del ámbito de la CSRD, limitar obligaciones de Taxonomía a las mayores compañías, revisar estándares de reporte, evitar que las grandes empresas trasladen cargas excesivas a pymes de sus cadenas de valor y posponer dos años ciertos requisitos de información. La Comisión estimó además que los cambios en CSRD y ESRS podrían reducir costes administrativos en unos 4.400 millones de euros anuales.
Esto no es una simple corrección técnica. Es una admisión política: la sostenibilidad mal diseñada puede convertirse en desventaja competitiva.
La pregunta tirolesa aparece con toda su fuerza:
¿Cómo evitar que una política bienintencionada produzca el efecto contrario?
Si la sostenibilidad europea aumenta costes, complejidad y carga administrativa mientras competidores sistémicos subsidian industria, controlan cadenas críticas y escalan tecnologías estratégicas, entonces el bien común puede transformarse en sacrificio unilateral. Las empresas europeas soportan obligaciones que sus rivales no asumen; los trabajadores europeos pagan la pérdida de competitividad; la base industrial se erosiona; y la legitimidad de la transición ecológica se debilita.
El Ómnibus I muestra que la UE está intentando corregir ese riesgo. Su mensaje implícito es tirolesco: los objetivos normativos necesitan diseño institucional, proporcionalidad, incentivos y evaluación de impacto.
5. El bien común bajo competencia sistémica
El mundo actual ya no está organizado por la hipótesis optimista de la globalización liberal. Está organizado por competencia sistémica. China compite mediante una arquitectura que integra Estado, financiación, industria, tecnología, información, diplomacia económica y estrategia exterior. La UE, en cambio, suele responder de forma fragmentada: país por país, sector por sector, expediente por expediente.
El problema no es solo que China exporte más. Es que compite con un modelo completo: escala industrial masiva, crédito dirigido, gobiernos locales movilizados, cadenas de suministro integradas, presión exportadora, control de tecnologías críticas y capacidad de soportar márgenes bajos durante periodos prolongados.
La preocupación europea por la sobrecapacidad china ha crecido especialmente en sectores industriales y tecnologías limpias; el Parlamento Europeo ha descrito la sobrecapacidad como una amenaza para fabricantes europeos por sus efectos sobre competencia y comercio bilateral.
Reuters también ha informado de la preocupación por la sobrecapacidad en sectores como acero, carbón y solar, así como de los intentos de Pekín de contener esos excesos.
Esto cambia el debate. Europa no puede responder a un sistema con moral fragmentada. Debe responder con sistema.
La Comisión Europea parece haber interiorizado parte de este giro. El Clean Industrial Deal, lanzado en febrero de 2025, se presenta como un plan para convertir la descarbonización en motor de crecimiento industrial, en un contexto de altos costes energéticos y fuerte competencia global. El Net-Zero Industry Act fija como referencia que la capacidad manufacturera europea de tecnologías net-zero se acerque o alcance al menos el 40% de las necesidades anuales de despliegue de la UE para 2030. El Critical Raw Materials Act busca asegurar acceso a materias primas críticas para objetivos climáticos y digitales. Y la estrategia Apply AI pretende reforzar la competitividad de sectores estratégicos y la soberanía tecnológica europea.
La dirección es clara: Europa está intentando pasar de una potencia regulatoria a una potencia regulatoria-industrial.
Pero el desafío sigue siendo enorme.
El informe Draghi sobre competitividad europea advierte de presiones estructurales sobre la prosperidad europea: baja productividad, demografía, costes energéticos, mayor competencia global y necesidades inéditas de inversión e innovación para la transición verde y digital. Diversas lecturas del informe han destacado la magnitud de inversión necesaria, en torno a 750.000-800.000 millones de euros anuales.
Aquí aparece la tesis central en su forma geoeconómica:
Europa no puede elegir entre poder y valores. Debe construir poder para poder permitirse valores.
6. Marco RMS: recursos, mecanismos y sistemas
Desde un análisis RMS, la diferencia entre una economía del bien común viable y una retórica impotente se entiende con claridad.
Recursos
Europa posee recursos extraordinarios: mercado único, capital humano, universidades, industria avanzada, capacidad regulatoria, moneda común, instituciones jurídicas y poder normativo. España, en particular, cuenta con recursos valiosos: posición geográfica, pertenencia a la UE y la OTAN, capacidades renovables, infraestructuras logísticas, sectores agroalimentarios, turísticos e industriales relevantes.
Pero tener recursos no basta. El problema europeo no es ausencia de recursos, sino fragmentación. La escala existe, pero no siempre se convierte en poder estratégico. La financiación está dispersa, la política industrial es desigual, los mercados de capitales no están plenamente integrados y la toma de decisiones sigue condicionada por 27 arquitecturas nacionales.
China, en cambio, dispone de menos legitimidad democrática desde una perspectiva liberal, pero mayor capacidad de coordinación estratégica. Sus recursos no actúan como piezas sueltas; se insertan en un modelo de Estado, industria, crédito y tecnología.
Mecanismos
Los mecanismos son la clave. En Europa, la sostenibilidad se ha articulado con frecuencia mediante regulación, reporte, taxonomías y obligaciones de diligencia. Son instrumentos útiles, pero insuficientes si no van acompañados de energía barata, financiación, capacidad industrial, innovación, defensa comercial y escalado tecnológico.
Tirole obligaría a preguntar: ¿qué incentivos producen estos mecanismos?, ¿a quién cargan costes?, ¿qué empresas pueden cumplir?, ¿qué actores quedan expulsados?, ¿qué competidores externos se benefician?, ¿cómo se evita la captura?
Mazzucato añadiría otra pregunta: ¿qué misión pública organiza la inversión y la coordinación? Si la misión es transición energética, debe integrar industria, red eléctrica, minerales críticos, formación, financiación, innovación y protección social. Si solo produce informes de sostenibilidad, no transforma el sistema.
Sistemas
El sistema europeo necesita pasar de una lógica de cumplimiento a una lógica de capacidad. El bien común no puede depender solo de indicadores, estándares o principios. Debe conectarse con presupuestos, banca pública, política de competencia, contratación pública, política industrial, innovación, defensa comercial y legitimidad democrática.
La secuencia correcta no es:valores → intervención → bien común
Sino:arquitectura → capacidad → incentivos → resultados → legitimidad
O, en una versión más operativa:
arquitectura → misiones → incentivos → reparto
Primero se construye capacidad. Después se orienta. Luego se diseñan incentivos. Finalmente se reparte el valor creado de forma legítima.
7. Pensamiento sistémico: los bucles del bien común
Desde el pensamiento sistémico, el riesgo de una economía del bien común mal diseñada es que active bucles perversos.
Un primer bucle es el de la sobrerregulación competitiva: más obligaciones → más costes administrativos → menor inversión productiva → menor competitividad → menor base fiscal → menor capacidad de financiar el bien común → más rechazo político a la sostenibilidad.
Un segundo bucle es el de la captura moral: conceptos nobles → indicadores complejos → dependencia de consultoras y certificadoras → cumplimiento formal → poca transformación real → descrédito ciudadano.
Un tercer bucle es el de la desindustrialización verde: Europa endurece estándares → industrias trasladan producción o pierden cuota → Europa importa tecnologías limpias producidas fuera → bajan emisiones territoriales, pero sube dependencia estratégica → la transición se vuelve geopolíticamente frágil.
Pero también existe un bucle virtuoso si la arquitectura se diseña bien:
inversión estratégica → capacidad industrial limpia → empleo cualificado → legitimidad social → mayor recaudación → más inversión → más autonomía → más capacidad de sostener estándares altos.
Ese es el verdadero bien común: no una moralidad declarada, sino una trayectoria institucional capaz de reproducirse.
8. La síntesis necesaria: Tirole + Mazzucato + Rawls + Sen + Felber
La solución no es elegir entre Tirole y Mazzucato, ni entre mercado y Estado. La síntesis europea debe ser más exigente.
Rawls es necesario para no olvidar la legitimidad. Una transición que destruye cohesión social termina debilitándose políticamente.
Sen es necesario para recordar que el bienestar no se reduce a PIB, productividad o competitividad: incluye capacidades reales.
Felber puede servir como brújula moral, siempre que no sustituya al diseño institucional.
Mazzucato es imprescindible para construir capacidad pública, orientar misiones y evitar que el Estado se limite a reparar fallos después de que ocurran.
Pero Tirole es necesario para evitar la ingenuidad regulatoria. Sin incentivos bien diseñados, competencia protegida, evaluación rigurosa y control de captura, el bien común se convierte fácilmente en eslogan, burocracia o daño colateral.
La fórmula europea debe ser:
Tirole para no caer en ingenuidad regulatoria; Mazzucato para construir capacidad donde el mercado no llega; Rawls y Sen para preservar legitimidad, capacidades y cohesión; Felber como brújula moral, no como sustituto de una arquitectura de poder.
Conclusión
El nuevo Consejo Global para una Economía del Bien Común puede ser útil como espacio normativo y de agenda si ayuda a orientar debates sobre desigualdad, poder tecnológico, vivienda, transición ecológica y legitimidad democrática. Pero será débil, e incluso contraproducente, si cae en tres errores: pensar que la moral sustituye a la arquitectura; hablar de intervención sin diseño institucional serio; y olvidar que Europa compite en un entorno de rivalidad sistémica donde otros actores no aceptan ni simetría ni neutralidad.
El paquete Ómnibus I demuestra que incluso la Unión Europea ha tenido que ajustar su ambición regulatoria a una restricción estratégica: la sostenibilidad no puede diseñarse como si la competitividad fuera secundaria. La transición ecológica necesita valores, pero también industria; necesita estándares, pero también energía asequible; necesita reporting, pero también inversión; necesita justicia, pero también poder.
Por eso Tirole sigue siendo más sólido en la fase de implementación. No porque sustituya la pregunta moral, sino porque obliga a pasarla por la prueba de realidad: incentivos, competencia, información imperfecta, captura, costes de oportunidad y efectos de segundo orden.
La economía del bien común solo es viable como capa normativa insertada dentro de una arquitectura fuerte. No como sustituto.
La frase final sería:
Sin arquitectura, el bien común se vuelve sacrificio unilateral. Con arquitectura, puede convertirse en contrato social sostenible
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